El caso Svensson y la propiedad intelectual en Internet. Derechos de autor e hiperlinks.

 

e

  • 13/2/2014: Sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que resuelve una cuestión prejudicial planteada por el Tribunal de Apelación de Svea (Suecia) llamada caso Svensson.
  • 14/2/2014: Aprobación de la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual.

1.- Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 13 de febrero de 2014, por la que se resuelve una petición de decisión prejudicial que tiene por objeto la interpretación del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información.

Ver sentencia: http://estaticos.elmundo.es/documentos/2014/02/13/sentencia_TJUE.pdf

Svensson y otros autores publicaron una serie de artículos en un periódico y en Internet y, en ambos casos, los mismos estaban disponibles al público en general y demandaron a quienes publicaron en su página Web enlaces a dichos artículos, exigiendo una indemnización por considerar que vulneraban los derechos de explotación de sus artículos.

El Tribunal establece una serie de requisitos para que se produzca una vulneración del art. 3.1 de la citada Directiva (art.3.1. Los Estados miembros establecerán en favor de los autores el derecho exclusivo a autorizar o prohibir cualquier comunicación al público de sus obras, por procedimientos alámbricos o inalámbricos, incluida la puesta a disposición del público de sus obras de tal forma que cualquier persona pueda acceder a ellas desde el lugar y en el momento que elija. […]3.3. Ningún acto de comunicación al público o de puesta a disposición del público con arreglo al presente artículo podrá dar lugar al agotamiento de los derechos a que se refieren los apartados 1 y 2):

a) Que exista un acto de comunicación de la obra dirigida a un público.

La sentencia establece que el acto de comunicación ha de interpretarse en sentido amplio, de modo que garantice la protección del derecho de autor.

El TJUE considera que, en este caso, se produjo una puesta a disposición y, en consecuencia, un acto de comunicación por “el hecho de facilitar en una página de Internet, enlaces sobre los que se puede pulsar y que conducen a obras protegidas publicadas sin ninguna restricción de acceso en otra página de internet, ofrece a los usuarios de la primera página un acceso directo a dichas obras”.

b) Que la obra sea comunicada a un público nuevo.

El TJUE establece que el mencionado art. 3.1. de la Directiva ha de entenderse referido a un público nuevo, que no hubiera sido tomado en consideración por los titulares que autorizaron la comunicación inicial.

La sentencia estima que, en este caso, no se produce una comunicación a un público nuevo, dado que los usuarios de la página de enlaces podían acceder directamente a esas obras a través de la página web en la que fueron comunicadas de inicio, por lo que puede estimarse que son destinatarios potenciales de la comunicación inicial y, en consecuencia, forman parte del público tomado en consideración por los titulares de los derechos de autor cuando estos autorizaron la comunicación inicial.

Añade la sentencia que este criterio no es válido para el contenido de Internet que no sea de carácter público: “Por el contrario, en el caso de que el enlace sobre el que se puede pulsar permitiera a los usuarios de la página en la que se encuentra dicho enlace eludir las medidas de restricción adoptadas en la página en la que se encuentra la obra protegida para limitar el acceso de esta a los abonados, y constituyera, de este modo, una intervención sin la cual dichos usuarios no podrían disfrutar de las obras difundidas, habría que considerar que el conjunto de esos usuarios es un público nuevo que no fue tomado en consideración por los titulares de los derechos de autor cuando autorizaron la comunicación inicial, de modo que tal comunicación al público exigiría la autorización de los titulares”.

No influirá, según la sentencia, el que, una vez que el usuario ha pulsado sobre el enlace, se presente en otra página de Internet o se presente de modo que parezca que se encuentra en la misma página.

c) Que la protección de los derechos de autor sea la dada por la Directiva, no siendo ampliable por parte de los Estados miembros.

“El artículo 3.1. de la Directiva 2001/29 debe interpretarse en el sentido de que se opone a que un Estado miembro pueda proteger más ampliamente a  los titulares a los derechos de autor, estableciendo que el concepto de comunicación al público incluya más actos que los previstos en dicha disposición”.

2.- Principales novedades de la reforma de la Ley de Propiedad intelectual.

  • Tasa Google. Introduce el derecho de empresas editoras de ser compensadas por el uso de sus contenidos por parte de los agregadores de noticias, como Google News o Menéame, es decir, introduce una prestación irrenunciable y de gestión colectiva obligatoria en relación a los fragmentos que se utilizan por los agregadores de contenidos (con excepción de las fotografías y la actividad de búsqueda de palabras, no será necesario que soliciten autorización alguna como hasta ahora, siempre y cuando se trate de “fragmentos no significativos”, pero deberán pagar una remuneración equitativa. Si algún medio no desea ser enlazado, debe comunicarlo expresamente a los agregadores.).

Si la reciente STJUE (C‑466/12, sentencia de 13/02/2014) ha establecido que los enlaces a obras de consulta libre (autorizada por sus titulares) en otras páginas web, no se considera como acto de comunicación pública que precise de una nueva autorización del titular de la obra enlazada, una tasa a agregadores y buscadores de internet nace obsoleta.

Antes de la reforma, el art 32.1. 2º impedía a los autores, que no a los editores a oponerse a la reproducción de fragmentos de sus obras contenidas en las publicaciones periódicas,

permitiendo el press clipping sin necesidad de la autorización del autor. Ahora se ha de remunerar al autor a través de las entidades de gestión.

  • SGAE. Concreta las obligaciones de las entidades de gestión frente a asociados y administraciones públicas, concretando las infracciones y sanciones por su incumplimiento y se las obligará a una rendición anual de cuentas y a la realización de auditorías. Asímismo, establece que la creación de fundaciones y sociedades mercantiles por las entidades de gestión, que ha de tener carácter excepcional, queda sometida a la previa aprobación por la Secretaría de Estado de Cultura y que se intervendrá administrativamente la fijación de las tarifas de estas entidades por la Comisión de Propiedad Intelectual, que velará porque sean equitativas. Por último, crea un mecanismo de ventanilla única, una entidad de carácter privado para el pago de los derechos de propiedad intelectual en la que tendrán que participar todas las entidades de gestión y que unificará el sistema de pago.
  • Enlaces. Regula una mayor protección del derecho de propiedad intelectual en el entorno digital, persiguiendo páginas que faciliten enlaces a servicios y contenidos que estén protegidos por derechos de autor mediante el refuerzo de las potestades de la Sección 2ª de la Comisión de Propiedad Intelectual, que podrán actuar contra las webs cuya actividad principal sea facilitar de forma específica y masiva la localización de contenidos ofrecidos ilícitamente de forma notoria e imponer sanciones, pudiendo llegar a solicitar del juez contencioso-administrativo el bloqueo técnico de webs, así como la identificación de los titulares de las webs cuando existan indicios razonables de que están realizando dichas conductas. Cabe aclarar que se trata de medidas que, en ningún caso están dirigidas a los usuarios finales.
  • Copia privada, cita de la enseñanza, obras huérfanas y plazo de los derechos de intérpretes, ejecutantes y productores. Hay también novedades en relación con la copia privada que se mantiene con cargo a los Presupuestos Generales del Estado y que queda circunscrita a la copias para uso privado y sin uso comercial de CDs y DVDs, el límite de cita de la enseñanza y la investigación y respecto a las obras huérfanas y extensión de los plazos de protección de los derechos de artistas intérpretes, ejecutantes y productores.

Teniendo en cuenta que la citada sentencia del TJUE establece que esta clase de enlaces son perfectamente legales, Google u otros buscadores podrían negarse a pagar el canon español y, de hecho, así lo defienden algunos autores. Si bien cabría alegar que el hecho de que este tipo de enlaces sea legal no significa que tengan quw ser gratuitos, dado perfectamente pueden perfeccionarse a título oneroso. Ahora bien, dado que la sentencia Svensson también deja claro que la protección de los derechos de autor no puede ser ampliada por los Estados miembros, es probable que el Tribunal Europeo acabe considerando la “tasa Google” tan abusiva como consideró en su momento el canon digital. Todo ello, sin entrar en la cuestión ética de que no se debería pagar por links a obras que benefician a los autores de las mismas, dándoles una publicidad con respecto a contenidos que ya están a disposición del público.

 

Anuncios

Acerca de Zutabe

Profesional del Derecho
Esta entrada fue publicada en Mis artículos, Propiedad intelectual, TIC, Todas y etiquetada , , , . Guarda el enlace permanente.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s