Se entreabre la puerta al Tribunal Constitucional contra la modificación de la Justicia Universal

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional han decidido este viernes, por unanimidad, que aquellos recursos que se planteen contra el archivo de la docena de causas que aún permanecen abiertas por la comisión de delitos de lesa humanidad, sean revisados por el Pleno.

Tres de los 18 magistrados de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, Ismael Moreno y Eloy Velasco, se han dirigido ya a las partes personadas en las causas que investigan sus juzgados para preguntarles si procede el archivo de las investigaciones.

El magistrado Pedraz Gómez dictó  un auto el pasado lunes por el que decidía no aplicar la reforma al caso Couso.

El juez Andreu ha preguntado a la Fiscalía y el resto de partes si debe plantear una cuestión de inconstitucionalidad sobre la reforma legal o debe archivar los procedimientos.

La Fiscalía se ha pronunciado en relación a la causa sobre la muerte en Irak del cámara José Couso y la instrucción contra China por el genocidio del Tíbet, solicitado el cierre de los sumarios. Asimismo, estima que debe ser la Sala de lo Penal, órgano superior jerárquicamente al instructor, la que valore si procede llevar al Tribunal Constitucional la reforma que limita la justicia universal y la que acuerde el sobreseimiento provisional de las actuaciones.

La reforma de la Justicia Universal tramitada con carácter de urgencia y aprobada sin  los informes  de los órganos consultivos del Estado -que hubieran sido preceptivos de haberse tramitado como Proyecto y no como Proposición de Ley- y con el rechazo en bloque de todas las fuerzas políticas, dado que supondría el sobreseimiento automático de decenas de causas abiertas en la Audiencia Nacional. La oposición estimó que fue la presión de China hizo que se modificara la competencia objetiva de la AN relativa a los delitos cometidos fuera del territorio nacional.

La Ley establece que los jueces sólo pueden investigar delitos de genocidio o lesa humanidad cuando la causa se dirija contra ciudadanos españoles o ciudadanos extranjeros que residan habitualmente en España o cuya extradición hubiera sido denegada por las autoridades españolas. También será requisito imprescindible que exista una querella del agraviado o del Ministerio Fiscal.

Ley Orgánica 1/2014, de 13 de marzo, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, relativa a la justicia universal

http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/14/pdfs/BOE-A-2014-2709.pdf

 

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